Minería y ruralidad : desafíos para la construcción de una base ambiental para la paz
Resumen
este estudio se esmera en demostrar cómo las recientes regulaciones de la
actividad minera, han llegado a superar la protección de la producción alimentaria esencia de la
economía campesina y de los derechos de los habitantes rurales afectados con el desarrollo de estos
proyectos a pesar de la reforzada protección constitucional de la que gozan. En estos términos, el
estudio presenta un esquema normativo como una de las variables que incide en la emergencia de los
conflictos territoriales alrededor de la explotación minera y de los recursos naturales.
En esta perspectiva, el texto demuestra cómo a diferencia de la producción alimentaria, la actividad minera no goza de especial protección en la Constitución Política y en cambio se presenta como
una actividad económica más en el marco de la libertad de empresa consagrada en el ordenamiento jurídico nacional. A pesar de lo anterior, el segundo apartado de este estudio presenta algunos
conflictos normativos desatados entre una y otra actividad, con ocasión de las medidas tendientes a
superponer la actividad minera por encima de otras en el espacio rural.
Algunos de esos conflictos hacen referencia a la limitada participación reconocida a los entes
territoriales para decidir sobre el adelantamiento de proyectos mineros en sus territorios, sin perjuicio
de recientes decisiones de constitucionalidad que reconocen la autonomía de autoridades locales a la
hora de ordenar el territorio en armonía con el nivel nacional; la escasa participación ciudadana en
el otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales; y entre otras, la persecución y falta de reconocimiento a la figura de la consulta popular como mecanismo legítimo de participación y decisión
frente al uso del suelo y ordenamiento territorial en lo local.